lunes, 1 de abril de 2013

INFORME Operación APR 08.03 “Prolongación de la Castellana”, antes “Chamartín-FUENCARRAL” Y APE 05.27 “COLONIA CAMPAMENTO”, ANTES B16.

Introducción.
Es de una de las operaciones urbanísticas más importantes de Madrid que encubre una operación de "ingeniería financiera" favoreciendo los intereses de la burbuja del ladrillo. Se trata de un viejo proyecto iniciado estando a cargo de la Presidencia de RENFE, entre los años 1991 y 1996, doña Mercé Sala[1] quien fue la responsable de la puesta en marcha del primer AVE de España entre Madrid y Sevilla.
En octubre de 1993 RENFE convocó un concurso para explotar y dotar de uso 610.000 metros cuadrados de terrenos ocupados por las vías de la estación de Chamartín. Unos días antes se había presentado el proyecto de Argentaria (hoy BBVA), elaborado por el arquitecto Ricardo Bofill (#OperaciónChamartín).
El 24 de junio de 1997 se constituyó el Consejo Rector del Consorcio Urbanístico[2] denominado Prolongación de la Castellana de Madrid (#ProlongaciónCastellana) formado por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad, el Ministerio de Fomento, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), y la empresa DUCH. El Consorcio se constituyó como un organismo de colaboración y coordinación entre las administraciones públicas territoriales con competencia en el ámbito, así como de tutela y supervisión de las operaciones a desarrollar, hoy ha sido disuelto y sustituido por las Juntas de Compensación. Ministerio de Fomento, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid ejercen directamente la supervisión y tutela de las actuaciones en el ámbito de acuerdo con sus respectivas competencias.
Al día de hoy con la crisis existente, la operación no es viable, en mi opinión. Se han generado unos activos tóxicos que están siendo soportados por los de siempre, y más nos tememos que la concordancia política actual entre las administraciones responsables y los intereses creados (BBVA[3]) tratarán de hacer que la operación siga adelante, al menos sobre el papel. El papel lo aguanta todo pero también y esto es lo más grave, algunos balances que al final terminaremos saneando entre tod@s, total ya puestos.
Es público y notorio, que las cargas urbanísticas asociadas al ámbito original ampliado a 3.120.658 metros cuadrados, son extremadamente superiores a cualquier otro desarrollo urbanístico[4], con un coste por cada metro cuadrado de superficie de 630 €, lo que supera en más de diez veces el coste normal de un proceso urbanizador[5].
Con el fin de compensar ese exceso de coste, las Administraciones públicas iniciaron una negociación que culminó en un acuerdo en el año 2002 con el incremento de la edificabilidad en un 75% de la propuesta inicial y la asunción del 29 % de las cargas urbanísticas por las Administraciones, liberando al resto de los propietarios de las mismas. Sin embargo, esta propuesta nunca pudo materializarse puesto que a raíz de las elecciones municipales y autonómicas del año 2003, sumadas a las elecciones generales del año 2004, cambiaron los titulares de las distintas carteras administrativas, lo que se tradujo en la revisión de los acuerdos alcanzados en el año 2002, proceso que culminó en el novedoso acuerdo alcanzado por las administraciones el 23 de diciembre de 2008 y que sirvió de base para el Plan Parcial aprobado en su fase inicial el 25 de febrero de 2011.
¿Cuales son las principales diferencias respecto al alcanzado en el año 2002?. Son dos, la primera es que las tres Administraciones implicadas se comprometen a la construcción de 4.000 viviendas protegidas (un mero señuelo para la opinión pública), compromiso que, por otro lado, la Legislación tanto estatal como autonómica, les señala, y la segunda es que las tres Administraciones se desvinculan de asumir el 29% de las cargas urbanísticas, debiendo hacerse cargo de las mismas todos los propietarios del sector. De esta manera, los propietarios que en el año 2002 debían costear 320 € de urbanización por cada metro cuadrado de su propiedad, ahora deben hacerse cargo de 630 € por cada metro cuadrado (¡!).
En pocas palabras se ha pasado de una inversión de unos 1.000 millones de euros, hace veinte años, a una de más de 16.000 millones, que falazmente saldrán de la venta de unos productos inmobiliarios que nadie sabe o puede garantizar,  ¿por quién? y ¿cuándo? se podrán realizar.Si es que se pueden realizar que por lo qu estamos viendo hay que ser parte del negocio para afirmar que si ó estar loco de remate.
Y lo que es peor, no se ha justificado en ningún momento las razones para este sustancial cambio de las Condiciones del Concurso que puso en manos de un privado (DUCH) tanto suelo público a cambio de papel, puro papel.
Existe la opción, más razonable, siempre en nuestra opinión, de decidir la resolución de la operación, por extinción de la concesión por razones legales ó de común acuerdo (¡!), sin que haya lugar a la exigencia de ninguna indemnización[6].
Alternativamente se podría mantener la ordenación ya aprobada y pasar el sistema de actuación, hoy de compensación, a un sistema de actuación por expropiación más acorde con el interés general para una actuación tan compleja cuya superficie alcanza los 3.062.600 metros cuadrados la mayoría de suelo público. Bastaría con ofrecer los derechos de reversión a sus legítimos propietarios que fueron expropiados en su día que con toda seguridad, dadas las condiciones del mercado, los rechazarán y expropiar donde sea necesario.  (¿?). Es una mera idea avalada por la lógica de evitar el dispendio y derroche de otros tiempos.
La crisis financiera e inmobiliaria está obligando a extender los plazos, de las más importantes operaciones inmobiliarias, dada la dificultad existente ahora para financiar un proyecto residencial y la Prolongación de la Castellana no es ajena a ella ni puede desconocer  esta situación que afecta al interés general que debe ser tutelado[7].
La Revisión del PGOU de Madrid ya iniciada sería el escenario adecuado para diseñar, ad novo, este importante desarrollo urbanístico para la ciudad, pero sin hipotecas y, utilizando los mecanismos de participación pública, hoy más fáciles gracias a las redes sociales (#RRSS) y a las tecnologías de la información (#TTII) puestas al servicio de los últimos destinatarios del Urbanismo, los ciudadanos (#RRSS). Hay que tener en cuenta la #RSC tantas veces olvidada. Y no se nos diga que ya se está articulando ó que está artículada esta participación, por favro, ni los Colegios profesionales que participan en la misma se lo creen, al menos no los colegiados aunque parte de los mismos participen y por tanto sean complices de la trama. Este es tema tabú, como muchos otros y es algo que tendrá que cambiar para el bien de los implicados que somos tod@s los ciudadanos.
En todo caso, es obvio que no se han cumplido los  plazos iniciales establecidos (15 años, vencidos al 2012) para las Actuaciones del Proyecto. Y también lo es que existe una cascada de “ilegalidades” ya evidenciadas en sede judicial y muchas otras que permanecen aún en sumario, pero que serán destapadas, gracias a la “acción pública” que existe en el urbanismo.
No somos capaces de comprender, como una empresa privada Desarrollo Urbanístico Chamartín (DUCH) ha conseguido, sin justificación alguna de interés público[8], el privilegio de hacerse merecedora de los aprovechamientos urbanísticos sobre 312 hectáreas de suelos públicos y en tales condiciones.  Nos viene a la mente la fábula del zorro cuidando el gallinero, no serán precisamente las gallinas, las que se coman al zorro, o si? …  La cabra siempre tira al monte” dice otra fábula griega. Habrá que esperar y ver como se desarrollan los acontecimientos.
Pareciera que no ha habido un correcto ejercicio de la potestad administrativa o función pública, conforme al interés general según la legalidad vigente del ente administrativo encargado de la tutela de la operación, o una dejación de funciones, entre las que estaban el:

 Supervisar las operaciones técnicas, jurídicas y materiales necesarias para que el desarrollo y ejecución del planeamiento en el ámbito objeto de la actuación se produzca de acuerdo con las previsiones establecidas y con el objeto del Consorcio[9]

pues, en todo caso, no se obtiene el máximo grado de eficacia con el mínimo de coste social, hay carencia de fundamento racional y, en definitiva, ausencia de motivación, lo que podría ser encuadrado, de confirmarse esta sospecha, dentro de un delito de prevaricación urbanística[10].
A continuación enumeraremos los indicios en los que nos basamos, que se deducen de la “incompleta”, por falta de una adecuada información pública, documentación que hemos podido conocer.
Veamos:

A) Irregularidades del Concurso de Concesión Administrativa.
-Ampliación desproporcionada del Ámbito:
     610.000 m2 (Renfe)
     702.558 m2 (1993)
  3.056.000 m2 (1997)
  3.120.658 m2 (2008)  aumento de +344,2%
-Reducción del Canon Fijo
-Aumento del aprovechamiento lucrativo (urbanístico):
edificabilidad (1993) 0,60m2/m2<0 1="" m2="" span="">
-Cambio sustancial del Uso por el que se adjudicó el concurso (comerciales, terciario y residenciales compatibles o complementarios con el servicio ferroviario, inicialmente al 1.10.1997, a la construcción de 17.000 viviendas -4.000 serán de protección pública- uso residencial no ligados al servicio ferroviario, 1.204.000 m2 oficinas, 165.000 hotelero, otros 165.000 de comercial, uso terciario no ligados al servicio ferroviario, 542.000 m2 de zonas verdes y 305.000 de equipamientos, uso dotacional, al 25.0.2011)
-Existencia de una trama organizada de corrupción, evidenciada en sede judicial gracias a la acción ciudadana[11] (hechos probados: falsedad documental continuada realizada por funcionario público[12]/estafa impropia/adjudicación parcelas/ con el resultado de ingreso en prisión de tres personas por penas superiores a los cuatro años).
-La Administración ha permitido el aprovechamiento lucrativo (instalación de vallas publicitarias) a agencias publicitarias (Cía. Expacio de Publicidad Exterior, SA) sobre terrenos de  terceros o del Patrimonio público.
-Se han “sustraído[13] viales (calles de dominio público) y se han “extraído” terrenos de dominio público que continúan formando parte del inventario de RENFE (ó ADIF) no desafectados[14], así como se han creado otras por doble inmatriculación, que han pasado a mercantiles sobre las que no se ha comprobado fehacientemente la titularidad de las mismas (entre otras ilegalmente: WINKEL 5, SA, y presuntamente: Inmobiliaria TROME[15], SA, Promociones Urbanísticas, SA, Elorrio, SA, Locales y Oficinas de Negocios, SA, Semorsa, SA, Urbanismo y Ciudad, SA, Renta Inmobiliaria, SA, Pich, Promociones Inmobiliarias Chamartín, SL, Propiedades Chamartín SA, Riojana de Fincas, SA., Emaus, SA, Cerro Murillo, S.L., Vizcaína de Edificaciones[16], SA, etc.) y a través de una cascada de compras, disoluciones sin liquidación, fusiones, etc. finalmente han  pasado a ser activos tóxicos de empresas (Grupo de Bancos) que han recibido ayudas públicas, directa o indirectamente, del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria o FROB[17] (Duch, SA, Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, la Caja de Burgos Habitarte Inmobiliaria, SLU, Gescat Gestio de Sol, SLU, Aliseda[18], SA, etc.) algunas de ellas ligadas a personas que ostentan o han ostentado cargos públicos algunos muy relevantes[19]. Así al menos las siguientes calles:
§  Faustino López
§  Dr. Marañón
§  Francisco Palau y Quer
§  María Pérez
§  Juan de las Heras
§  Juana Montero
§  Malva
§  Cid
§  Fernández Silvestre
§  Tulipán
§  Alfambra
§  Alaterno
§  Agustín de Foxá (¿EXPEDIENTE DE REVERSIÓN RECURRIDO POR EL ESTADO POR EL ART. 104[20]?)
§  Rodríguez Jaén (IDEM)
§  José de Vasconcelos (IDEM)
§  Del Carmelo
§  Consuelo Antonia Pérez
§  Isabel Baltero
§  San Marcial
§  Plaza Estación de Chamartín
ó terrenos procedentes:
§  del antiguo Cementerio de la Rosa
§  de la expropiados para el Canal de Isabel II
§  de los terrenos Talleres de la SEAT
-Opacidad de Convenios Urbanísticos[21]. Casos TROME y COMPAÑÍA DE JESÚS, al menos y entre otros.
-Se incumplen las Directivas 85/337/CEE, 97/11/CE
-No ha habido EIA de Planes y Programas.
-Ha habido un tratamiento desigual de los “derechos de reversión” lo que viola el Principio de Igualdad. En algún caso están en recuperación por Patrimonio del Estado, por no ser procedentes, otros permanecen en parte (TROME[22] y Compañía de Jesús) pero, en todo caso, se evidencia un funcionamiento anormal de la administración que debe ser investigado y, en su caso, exigir las responsabilidades correspondientes.
-Segregación del APE 05.08 del APR 08.03, antes y según PG 1985 el ED-5.3 “Estación Chamartín-Plaza”[23], excluido de la Actuación, sin justificación alguna, sin ser sometido a la preceptiva Información Pública, y con el resultado de una edificabilidad de más del doble (así en tanto para el APE 05.08 se fijaba un aprovechamiento de 1,5 m2/m2 para el APR 08.03 se dejaba, entonces, 0,6 m2/m2, lo que no deja de ser chocante[24]) para atender alegaciones privadas (Hoteles, apartamentos y oficinas) de propiedades con adquisición precaria de derechos de reversión (escrituras de cesión de derechos que gozaban de alguna irregularidad y buena parte de ellas, presuntamente, tendrían el carácter de nulas, ya que sólo se ostenta respecto de los terrenos unas expectativas de derecho de propiedad, sin otro posible alcance).
-Convenios Urbanísticos, no publicitados, que se establecen para fijar los parámetros urbanísticos y bases del Planeamiento. Además se han excedido las alturas permitidas (+2) y existe una confusión sobre ¿cuáles son los suelos de titularidad pública y/o privada dentro del ámbito del APE 05.08 (¡!).
-Presuntamente no se respeta, que los bienes de dominio público no pueden ser objeto de transmisión, cesión o enajenación a otra persona, por convenio o contrato. Esta prohibición legal tiene carácter absoluto y se basa en la exigencia de conservar, de modo completo e íntegro, la afectación del bien demanial a su fin público[25].
-Tratamiento desigual en alegaciones al trámite de información pública del PGOUM de 1996 al reconsiderar ciertos ámbitos, creando específicamente una nueva Área de Planeamiento Específico denominada C/ José Vasconcelos, sin justificación de interés general, y sobre la que se pretenden derechos de reversión sobre terrenos expropiados por la antigua Comisaría General para la Ordenación Urbana de Madrid y sus alrededores, cuando solo se acreditó “unas expectativas de derecho de propiedad, sin otro posible alcance”.
-Existen denuncias por acoso inmobiliario sobre pequeños propietarios (Fiscalía anticorrupción) que a diferencia de otros (TROME) no fueron incluidos, a pesar de haberlo así solicitado en sus alegaciones,  dentro del APE 05.08, presuntamente con vistas a facilitar su posterior expropiación dentro del APR 08.03 (estrecha franja de edificaciones existentes en la calle Rodríguez Jaén y Manuel Ferrero, hasta  el encuentro de ambas con la calle José de Vasconcelos, conocido como el “Triángulo de Oro”).
-Falta la ejecución de sentencias por parte de la administración que no muestra mucho interés a pesar de ser su obligación de actuar de oficio (¿?).
-El mar de vías de Chamartín es como si no fuese soterrado. Parece que no van a construir nada encima.
-La altura de los edificios previstos, en el mejor de los casos, parece que alcanzarían los 150 m + ó - de una Torre Picasso (ver Nota 7).
-Gastos de Proyectos no justificados (+15 Millones de euros) según los indicios del Auto 23/01/02 del Tribunal de Cuentas PRPA n° A142/11 que hasta el momento desconoce el fallo n° 639/09 d 18/11/09 TS Sala Penal. Está siendo recurrido en apelación.
-Son numerosos los indicios de un funcionamiento “anormal” de la administración con, evidente y palpable, grave perjuicio para el Patrimonio Público[26].

B) Los Derechos de reversión.
-Ha trascendido públicamente, la transacción de DUCH (31.05.1996), con la Compañía de Jesús por unas antiguas capellanías familiares de aproximadamente 110.000 m2, si bien esta cifra no está comprobada, aunque si aparecen al menos 10.908 m2+3.721,88 m2 en los acuerdos conocidos (28.04.1994) y al menos, hasta un máximo de 11.000 metros cuadrados edificables. Esto llama la atención por ser un trato de favor, que a otros reversionistas se les ha negado. Existen otros derechos  (RENFE reconoce 557.205 m2 en 2008, si bien podrían ser + 800.000 m2 según calcula la Asociación No Abuso). En principio, podemos encuadrar los derechos sin reconocer en dos grandes grupos:

$      Los aglutinados (aproximadamente unos 340.000 m2) por el ex-Concejal[27] D. Jesús Espelosín Atienza (JE)
$      Los de la Asociación No Abuso[28]   (NA)

Se desconoce la situación actual del grupo No Abuso. Según información que hemos podido saber la petición de reversionistas, al menos la del grupo JE (1996), ha sido desestimada por la Sección 4ª TSJ de Madrid y por el TS. Igualmente ha habido otros rechazos como las:
-Denegación inscripción expropiaciones de varias fincas por el Registro de la Propiedad.
-Denegación personación en pleitos de otros reversionistas por los Tribunales de Justicia de Madrid.
-Desestimación de alegaciones a la Modificación PG por parte de la Administración Urbanística con posterior desestimación de los recursos CA por Sección 1ª TSJ de Madrid.
-La negociación preliminar entablada con DUCH (2003-2004) fue desechada finalmente por fallos judiciales sobrevenidos en contra de los reversionistas.


C) Fallos en la reclamación de los reversionistas
-Reclamación (1996) extemporánea, sin embargo justificada para asegurar los derechos ante la inminente modificación de la Ley que finalmente tuvo lugar en el mes de noviembre de 1999, utilizando para ello arteramente un trámite del Senado, del Proyecto de Ley de Ordenación de la Edificación[29].
-Falta de acreditación legítima de los actores (declaraciones de herederos, cuadro de participaciones, cadena de trasmisión, legalización copias, etc.) lo que es subsanable.
-Falta referencia a los derechos de reversión sobre las fincas expropiadas al transmitir las mismas. No es necesario, en cuanto el derechos de reversión se produce con la desafectación.
-No se ha probado (o no se ha querido entender así, por parte de la administración, que en todo momento trata de eludir el reconocimiento de estos derechos) que existe una nueva utilización urbanística, sobrepuesta a la afección (autovía y/o ferrocarril) cuando se mantiene sin interrupción el efectivo destino o servicio que causó la expropiación (no han sido desafectadas)[30].
-No se han presentado escritos de Conclusiones, en algunos procedimientos legales, ni se ha alegado en contra de Informes.
-No se ha justificado en escrito de preparación del recurso de Casación que la infracción de una Norma Estatal o Comunitaria Europea haya sido relevante y  determinante del fallo de la Sentencia (Directivas/EIA).


CONCLUSIONES
1.  A efectos de la reversión se considera como cambio del uso que justificó la expropiación en su día, las “mejoras realizadas sobre los terrenos”  o, en definitiva el valor urbanístico que adquieren como consecuencia de los acuerdos realizados por la Adjudicataria para establecer un doble uso ferroviario y urbanístico, y esto ya existe. Una vez cubiertas las vías, habrá un dueño del subsuelo, con el uso ferroviario ADIF, y otro, por encima de la superficie, urbanístico, edificatorio de la Junta de Compensación.  Existen derechos de reversión sobre los terrenos expropiados que deberán ser desafectados y ofrecido a sus legítimos propietarios.
2.     Se puede por tanto pedir la revisión de los procesos judiciales, ya que los derechos de reversión son un derecho adjunto a la expropiación que fue anterior a la LOE y al día de hoy son reclamables al haberse aprobado “definitivamente” esta situación de Parcelas Superpuestas.
3.     Existen agravios comparativos en el tratamiento de los derechos de reversión que no se justifican por razones de interés público.
4.     Ha habido un trato diferenciado para parcelas similares que no se justifica, salvo por razones de expropiación a pequeños propietarios, lo que es de todo punto inaceptable pues no se ha acreditado razones de interés general.
5.  Estos “tratos de favor” violando el Principio de Igualdad, por parte de las autoridades urbanísticas, no son concebibles sin pensar en la existencia de una “trama organizada” para favorecer intereses, que no son los generales que ampara la Constitución.
6.     Se han detectado numerosos  indicios de incumplimiento de la normativa vigente e ilegalidades que podrían ser constitutivos de un delito de “prevaricación continuada” y posibilitar una demanda con la exigencia de responsabilidades (patrimoniales y de funcionarios).
7.     Independientemente de la Resolución o futura Revisión  de la Operación (Revisión del PGOUM de 1975), se justifica la “acción pública” que evite la consolidación de derechos, ante la posible sanación previsiblemente por la nueva Revisión General del Plan[31] ya en marcha.

Para estar informado de las actuaciones recomiendo seguir en Twitter


(utiliza las etiquetas:  #OperaciónChamartín #ProlongaciónCastelllana)


[1] Falleció el 7 de mayo de 2008.
[2] Gerente D. Luís Rodríguez-Avial Llardent, que es funcionario municipal, ha estado a cargo de la Oficina Municipal del Plan (OMP), como responsable máximo.
[3] Gasto activado 70+20= al menos 90 millones de euros según Ctas. 2010.
[4] No incluye derechos de reversión estimados en 360,6 millones de euros.
[6]  Cláusulas 20.5 y 35 del Documento de Adjudicación.
[7] Efectos de la Sentencia del TSJ en la Operación Estadio Vicente Calderón-Mahou por la limitación de la altura de los edificios, incompatible con las torres proyectadas, salvo justificación de “edificio singular” que merezca la exención legal.
[8] Artículo 149 del Reglamento de los Contratos de las Administraciones Públicas.
[9] Artículo 3 de los Estatutos del Consorcio Urbanístico denominado “Prolongación de La Castellana”
[10] Art. 320 Código Penal.
[11] Sentencia Nº 47/08, de 21.04.2008 del Juzgado de Instrucción Nº 27 de Madrid. Sentencia Nº 1197/2009, del 01.12.2009, del Tribunal Supremo en Recurso de Casación 639/2009. Ejecutoria 9/2010 de 11.07.2011de la Sección 23 Audiencia Provincial de Madrid.
[12] Ingeniero Jefe de la Delegación Regional número 10 en el Instituto Geográfico Nacional de la capital Madrid, estando en ejercicio de su funciones y con la finalidad de obtener un beneficio ilícito emitió cédulas parcelarias falsas.
[13]sustraer”, que debe equipararse al término  apropiarse”; la sustracción se realiza con ánimo de lucro, lo que supone el deseo de incorporar los bienes al patrimonio  propio o de tercero.
[14] Actuaciones Previas del Tribunal de Cuentas 73/10. Sección de Enjuiciamiento Entidades Locales.
[15] Don Mariano Moreno Fernández (DNI 297.211-M)  Aparejador ex-funcionario del Ayuntamiento de Madrid, en Urbanismo, hasta el año 1970. Posteriormente promotor inmobiliario, dueño de la cadena hotelera Foxá y aficionado acérrimo a los toros. Administrador Único de TROME (A-28155240), por escritura del 27 de mayo de 1992, la cual ha sido declarada en concurso de acreedores con unas deudas de unos 300 millones de euros.
[16] IBAIBIDE S.A.U. (venden al menos 15 fincas procedentes de Semorsa, SA +75 fincas del mismo Registro al Grupo de Bancos)
[18] del Banco Popular.
[19] Don Juan de Arespacochaga y Felipe, ex-Alcalde Madrid (Prourbasa), entre otros
[20] TASACIÓN REALIZADA POR EL JURADO ES NOTORIAMENTE INFERIOR A LA PERITACIÓN EFECTUADA POR LA ADMINISTRACIÓN.
[21] Art. 74.3.a) de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid. Se ha solicitado Vista de Convenios, por Registro municipal con el Nº Anotación: 2011/1380735 el pasado 27/12/2011.
[22] Consejo de Estado. Dictámen  Expediente 828/2000 (Fomento)
[23] Estudio de Detalle redactado por el arquitecto D. Enrique Bardají Álvarez, Colegiado 4417 del COAM.
[24] Informe Pericial en recursos CA 1452/97 y 57/03. TSJ de Madrid Sec. 1ª
[25] Se ha infringido presuntamente el artículo 132 de la Constitución, según el cual los bienes de dominio público, como aquellos a los que hemos hecho referencia en este escrito, están “fuera del comercio”.
[26] Denuncia presentada en LA FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA el 3 de septiembre de 2011.
[27] Periodo 1983-1989
[29] BOE Núm. 266 del 6 de noviembre de 1999. No se ha adaptado el Reglamento (Decreto 26 de abril de 1957) que es preconstitucional (Chapuza).
[30] “Parcelas en Niveles Superpuestos” de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial de Reforma Interior del APR 08.03 “Prolongación de la Castellana” (BOCM Núm. 233 del 1 de octubre de 2011).
[31] Bajo la tutela de la Concejala de Urbanismo Paz González recientemente nombrada por la nueva Alcaldesa Ana Botella.

3 comentarios:

  1. http://www.marcialpons.es/autores/espelosin-jesus/1153437

    Resumen del libro
    En 1993 RENFE adjudicó, en un ominoso concurso público, “el derecho de adquirir” un suelo que había sido expropiado para la construcción de la estación de Chamartín. El suelo tenía una capacidad edificatoria de 187.358 m2 y fue adjudicado a DUCH SA para que construyera un nuevo barrio diseñado por Ricardo Bofill.
    Hoy, 20 años después, DUCH SA, propiedad del BBVA en un 72,5%, tiene el “derecho de adquirir” 1.855.521m2 de aprovechamiento urbanístico, diez veces mas que cuando se adjudicó, pero, aunque los medios de comunicación han informado reiteradas veces de que “Arranca la Operación Chamartín”, DUCH SA no ha pagado ni un solo euro a RENFE, no ha movido ni un puñado de tierra ni ha puesto un ladrillo en el suelo de la virtual Operación Chamartín. Mientras tanto, la Administración Pública ha modificado y ampliado varias veces el contrato con DUCH SA sin nuevos concursos públicos, ha recalificado tres veces el suelo, ha hecho tres leyes, dos autonómicas y otra nacional, para favorecer al adjudicatario, y ha ignorado en tres ocasiones sendos informes jurídicos que proponían la rescisión del contrato a DUCH SA por incumplimiento del mismo.
    El relato cuenta como protagonistas a ex socios de algún ministro de Fomento que actúan de intermediarios, a un presidente de Comunidad –Ruiz Gallardón- y a un ministro de Fomento -Arias Salgado- que según el autor de este libro dicen falsedades en sede parlamentaria, y a unos herederos de las familias expropiadas que fueron insultados y casi criminalizados, cuando pidieron cuentas del cambio de uso de los terrenos. Y lo más escandaloso: Nunca, en 20 años, ha constituido todo eso un escándalo público.

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  2. Enlace al libro escrito por Jesús Espelosín quién fuera Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y que nos desvela algunas de sus preocupaciones remanentes.

    http://www.marcialpons.es/libros/operacion-chamartin/9788415353508/

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  3. Al parecer y según se ha denunciado en numerosas instancias, en esta operación solo los ciudadanos propietarios de suelo pagan el IBI obligatorio. Ni DUCH, ni Renfe, ni Adif lo hacen presuntamente y Botella no dice ni mu. Así nos va.

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